23 de octubre de 2017

EL PROYECTO DE BERKELEY "UN NEGOCIO BAJO SOSPECHA PARA EXPLOTAR UNA MINA DE URANIO".

El impacto de la extracción de recursos

'Proyecto Salamanca': un negocio bajo sospecha para explotar una mina de uranio

Berkeley Minera planea extraer uranio en la zona de Campo Charro
 
Los opositores al proyecto creen que detrás hay intereses para dar un pelotazo y temen los efectos sobre la salud
 
Un portavoz de la compañía destaca que ya han invertido 120 millones de dólares y asegura que está "plenamente comprometida" con el proyecto minero.

Los activistas sospechan que Berkeley intenta hacer la misma jugada: subir las acciones con buenas noticias y vender el proyecto al mejor postor
 
Stop Uranio mantiene que a Berkeley le faltan varios permisos, pero la empresa insiste en que ya está todo en regla

La historia es repetida en España. Una gran empresa llega a un territorio rural, que vive de la agricultura y su valor paisajístico y natural, con planes de extracción de recursos que, se prevé, cambiarán para siempre la manera de vivir de la comarca. Encuentran oposición, pero también apoyos, entre los vecinos: estos últimos, muchas veces, seducidos por la promesa de generación de empleo de la compañía en cuestión. Entran en juego las administraciones y la política, con permisos y con posicionamientos. Y, finalmente, el proyecto sale adelante… o no. Ejemplos hay varios, con matices y diferencias: el cementerio nuclear de Villar de Cañas, la extracción de tierras raras en el Campo de Montiel, de la que informó infoLibre, y otro que lleva dando vueltas por despachos, reuniones y protestas en la calle durante años: la mina de uranio de Salamanca. A la complejidad habitual de estos temas se le suma no solo la innumerable lista de permisos que necesita al tratarse de un elemento radioactivo, cancerígeno con dosis mínimas, sino que también cuenta con unas relaciones que despiertan las sospechas entre los que la rechazan: los exdirectivos de la empresa detrás de los planes, Berkeley, son los mismos directivos que, a través de la empresa Uramin, hicieron perder al Gobierno francés 2.500 millones de dólares al venderles unos terrenos donde no había tanto uranio como prometían.
 
El Proyecto Salamanca, el nombre oficial que le da Berkeley Minera a sus planes de extraer uranio de la región, se ubica en el municipio de Retortillo y sus alrededores. Se encuentra en el Campo Charro, la inmensa llanura de la dehesa salmantina. Es lugar de cerdos, toros, encinas y, al parecer, también de combustible para los reactores nucleares. Las reservas, según estimaciones de la minera, se encuentran esparcidas entre el mismo Retortillo y Villanueva de Yeltes, distanciados por unos 13 kilómetros. La empresa defiende que el impacto ambiental será "mínimo" gracias a que restaurarán continuamente el entorno en una práctica que se conoce como minería de transferencia: utilizar los materiales arrancados del recubrimiento de la mina a cielo abierto para realizar la restauración. Los empleos, como no podía ser de otra manera, son otra de las promesas: aseguran que ya se forman 100 personas para sus futuros puestos de trabajo, todas de la zona, y que generarán empleo indefinido. ¿Y en cuanto a los peligros de la radioactividad? Lo tienen claro: "No se va a recibir una radiación superior a la ya que existe de forma natural cuando paseamos por esta zona", aseguran.
 
La oposición al proyecto está encabezada por fuerzas como Ganemos Salamanca, Equo, Podemos o la plataforma Stop Uranio. Los argumentos para oponerse a la mina son muchos y variados. Dudan de que remover la tierra para extraer un elemento radioactivo no afecte a la salubridad de las tierras del Campo Charro, a sus aguas, al entorno natural de una zona protegida por la Red Natura 2000 y, en definitiva, a la salud de sus habitantes. Para ello se apoyan, a la espera del pronunciamiento definitivo del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), en varios informes de radioactividad y riesgo de cáncer en instalaciones nucleares y en la voz de expertos como el francés Bruno Chareyron y el nigeriano Almoustapha Alhacen, que denunció durante años las extracciones de una empresa francesa en su país por el daño a la comunidad local. "Las actividades mineras de uranio implican el uso de recursos acuíferos muy valiosos que quedan contaminados durante millones de años por metales pesados radioactivos", aseguró el experto nuclear francés. Ambos acudieron a Retortillo invitados por la plataforma Stop Uranio.
 
Los antecedentes: el 'affaire' Areva
 
Pero para entender la mayor de las suspicacias de los opositores a la mina, hay que acudir al que se conoce en la prensa francesa como affaire Areva. En los tribunales galos se investiga cómo Areva, una empresa estatal francesa dedicada al negocio nuclear, compró Uramin, una empresa canadiense con los derechos de explotación de una futurible mina en Trekkopje, en Namibia. La transacción se anunció por 2.500 millones de dólares en junio de 2007. Uramin fue fundada por el banquero canadiense Stephen Dattels y su socio James Mellon en 2005, y le ofrecen un puesto como directivo y socio a Ian Stalker. El 27 de octubre de 2006 Areva anuncia sus intenciones de comprar la empresa norteamericana y a partir de este momento suben las acciones como la espuma, alimentadas por una serie de buenas noticias alentadas por la misma empresa y unos estudios de viabilidad financiados por ellos mismos. El affaire comienza cuando a finales de 2011 Areva abandona el proyecto de Namibia. "Tuvo que abandonar asumiendo enormes pérdidas, ya que no se cumplían ni de lejos las increíbles previsiones sobre la cantidad de uranio y su calidad que habían llevado a la compra" explica Charlotte Gesner, activista danesa que lleva meses investigando el escándalo.
 
Algunos directivos de Areva contrataron a investigadores privados para dilucidar los claroscuros de la operación, comandada por la máxima responsable de la compañía pública, Anne Lauvergeon. Seis años después del descubrimiento de esos 2.500 millones de euros que se quedaron en África, el caso sigue en instrucción. Ninguno de los dirigentes de Uramin, que presuntamente engordaron artificialmente un proyecto de mina de uranio para venderlo a precio de oro, ha sido llamado ante la justicia.
 
¿Y qué tiene que ver Uramin con Berkeley? 
 
Los vínculos entre Uramin y Berkeley son varios. El más evidente es el que atañe a los puestos directivos de una y otra compañía. Stephen Dattels, fundador de Uramin, es nombrado director de Berkeley el 15 de mayo de 2009. En noviembre del mismo año entra también a ocupar un puesto de dirección en Berkeley Ian Stalker, el que fuera directivo de Uramin nada más conformarse la sociedad, al que se le encarga el informe provisional de viabilidad. En dicho informe también aparecen coincidencias: se le encarga a la consultora SRK, misma consultora que hizo el informe de viabilidad del proyecto de Uramin en Namibia, del cual Areva se fía para acabar perdiendo millones de euros. Ya en 2016, SRK hace otro informe que confirma el proyecto de Salamanca "como uno de los productores más baratos de uranio". En el mismo año, se publica el informe definitivo de viabilidad. Firmado, además de por SRK, por Bara Consulting, misma empresa que bajo el nombre Turgis Consulting participó en el mismo estudio en el país africano.
 
El tercer vínculo atañe al gran protagonista, y el único investigado, del affaire: Areva. En marzo de 2006 Berkeley y Areva firman un acuerdo de intenciones para una futura sociedad, que llega a materializarse en la entrada de Areva al accionariado años más tarde. Esa colaboración llega a su fin en 2010 cuando la compañía francesa decide vender su participación del 3%. Berkeley, en sus informes anuales, explica que fueron ellos quienes rompieron el acuerdo, pero no explica las razones. Poco después se destapa el pufo de Uramin y Namibia. "Areva puede constatar cómo los directivos responsables de Uramin antes de la venta y las consultoras responsables de los estudios de viabilidad se repiten en Berkeley", asegura Gesner.
 
Así pues, los activistas consultados por infoLibre sospechan de que Berkeley Resources, ahora renombrada a Berkeley Minera, intenta hacer la misma jugada que sus ex directivos hicieron con Uramin: instalarse en un terreno con uranio, empezar a publicar y a mover noticias positivas y alentadoras sobre la viabilidad y rentabilidad del proyecto de extracción y, una vez las acciones han subido, vender la empresa al mejor postor y dejarle con unos planes quizá no tan realizables como se había vendido.  "Estoy convencido. Creo que es lo que está pasando. Por eso dan buenas noticias continuamente. Es posible que lo vendan, porque siempre es posible que se convenza a algún incauto". El que habla es César Ayllón, ex directivo de Berkeley  e ingeniero de minas. Sus suspicacias no solo se basan en la relación con Uramin. También en su propio conocimiento. "El proyecto es de dudosa rentabilidad. El problema es que son yacimientos dispersos y distantes en kilómetros. Ninguno es grande y, por lo tanto, tienen que abrir varias minas. Y no puedes tener una planta de tratamiento en cada una. El transporte encarece muchísimo. Ellos hablan de tonelaje total del material, pero no cuentan estas circunstancias", asegura.
 
Otra sospecha más: el papel de ENUSA
 
Hay otra página de la hemeroteca que hace disparar las sospechas en este sentido: los antecedentes de Berkeley con ENUSA Industrias Avanzadas, una sociedad mercantil estatal española que se encarga del diseño, la fabricación y el abastecimiento de combustible para las centrales nucleares. Hasta 2000 ENUSA era acrónimo de Empresa Nacional del Uranio SA. El 24 de abril de 2009, el Consejo de Ministros aprobó un acuerdo entre la compañía estatal y Berkeley para explorar la mina de Saelices el Chico, en las inmediaciones del proyecto de mina actual. ENUSA tenía los derechos de explotación de esa zona junto a una planta de tratamiento, pero los abandonó en el 2000 por su bajo rendimiento.

El acuerdo incluía la creación de un consorcio en el que Berkeley tenía un 90% de participación y ENUSA un 10%. La empresa canadiense tenía un margen de 18 meses para entregar un informe a ENUSA para valorar el potencial de la zona a explotar. Si todo estaba bien, se crearía una sociedad gracias a la cual la sociedad mercantil estatal se llevaría el 2,5% del valor de la producción. Pero las malas noticias no tardaron en llegar. El 23 de julio de 2012 se llega a un acuerdo entre las dos compañías para que ENUSA se desvincule del proyecto. No se disuelve el consorcio, sino que la participación de la estatal se reduce a 0. El motivo de esta ruptura queda bien claro en un comunicado de la sociedad: "Tras analizar el último estudio de viabilidad presentado por Berkeley, ENUSA concluye que no se ha acreditado que la explotación del dominio minero del Estado en la provincia de Salamanca resulte viable y sostenible en el tiempo". Todas las fuentes consultadas coinciden en que este rechazo aumenta las sospechas de que los estudios de viabilidad de Berkeley son de todo menos fiables.

Paul Atherley, CEO de Berkeley Minera, ha respondido por correo a las preguntas de infoLibre. Cuestionado sobre la coincidencia en los directivos de Berkeley y Uramin, así como sobre la coincidencia en las empresas que realizaban los estudios, ha sido lacónico: "Los estudios desarrollados para el Proyecto Salamanca han sido revisados de forma exhaustiva por nuestros accionistas, que han invertido 120 millones de dólares en el desarrollo de la mina (…) Berkeley no tiene ninguna relación con Uramin o Areva y está plenamente comprometida con el desarrollo y la ejecución de este proyecto minero".
 
Los peligros de la radioactividad

El portavoz de Stop Uranio, José Ramón Barrueco, se apunta sin dudarlo a la hipótesis de que la empresa infla el proyecto para revenderlo después. "Creemos que buscan un comprador. Pero no lo han encontrado. Lo intentaron con Areva. Pero como no lo podía vender, se han transformado en una explotadora (pasaron de llamarse Berkeley Resources a Berkeley Minera) No sabemos cuál va a ser la salida". Barrueco pone el énfasis en el peligro de radioactividad latente en proyectos como este. Señala que, de los permisos que le faltan por obtener a Berkeley, aún tiene que pronunciarse la institución más importante cuando hablamos de uranio: el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). En 2013, el organismo
dio el visto bueno a la concesión de explotación. Y en 2015, y gracias a un informe favorable del CSN, el por entonces Ministerio de Industria, Energía y Turismo concedió la autorización previa de la planta de beneficio de uranio, infraestructura necesaria para tratar el mineral una vez extraído. Pero falta que el consejo determine la autorización definitiva, toda vez que el visto bueno a la planta está recurrido a la Audiencia Nacional por Equo y Ecologistas en Acción.

Hasta la certificación oficial definitiva, los opositores se apoyan en otros informes de proyectos similares. En concreto, citan uno de 2001 del Centro Nacional de Epidemiología, del Instituto Carlos III, que asegura que "aparte de los efectos de la radiación natural, los resultados de los NFF (plantas de tratamiento de uranio, como la que se prevé en Salamanca) podían muy probablemente demostrar la influencia en la salud pública ejercida por el impacto medioambiental de la minería de uranio". Señalan específicamente el sospechoso aumento de la incidencia de cáncer de pulmón y renal en las poblaciones cercanas a este tipo de plantas. Sin embargo, otro estudio de 2009 más extenso, de colaboración entre el CSN y el citado instituto, señala que la relación entre el cáncer y estas instalaciones no es estadísticamente concluyente.

Una lista interminable de permisos y recursos

Más allá de lo recurrido ante la Audiencia Nacional con la planta de tratamiento, la lista de permisos que Berkeley necesita para un proyecto de tanta envergadura es muy larga, y abarca a todas las instituciones que tienen algo que decidir o legislar sobre Retortillo: desde los Ayuntamientos hasta la Unión Europea, pasando por el Gobierno estatal y la Junta de Castilla y León. Muchos de ellos están concedidos, otros en trámite y otros impugnados. Cuenta con una
Declaración de Impacto Ambiental favorable de la Junta de Castilla y León y con la concesión minera de la misma institución. Recurrida está la autorización de uso excepcional en uso rústico de la mina, también concedida por la Junta, y a la espera de resolución.
 
Berkeley está a la espera de la autorización definitiva a la construcción de la planta, dependiente de Energía y del CSN, según Stop Uranio: "El consejo de Seguridad Nuclear ha pedido más tiempo para evaluar la documentación presentada por Berkeley", afirma Barrueco. Consecuencia directa de ello es que la minera tampoco cuenta con la licencia urbanística del Ayuntamiento de Retortillo, que tiene que esperar a la luz verde gubernamental. La empresa desmiente este extremo: "Berkeley ha obtenido todos los permisos necesarios para iniciar la construcción del proyecto. Las constantes reclamaciones de los grupos de oposición han sido rechazadas por las autoridades respectivas", asegura Paul Atherley, CEO de Berkeley Minera.

Y la burocracia relativa al proyecto Salamanca no va solo de permisos: también de justicia. Los ecologistas llevaron a Berkeley ante la Fiscalía de Madrid y de Salamanca por
la tala de encinas centenarias, de manera ilegal según los activistas. La empresa se compromete a restaurarlos una vez acaben las obras. Ambas fiscalías archivaron los casos por vía penal. "Nos dijeron que lo encaucemos por vía contenciosa, que es lo que estamos haciendo", asegura el portavoz de Stop Uranio. Y hasta la Unión Europea ha intercedido: en respuesta a una pregunta parlamentaria del eurodiputado de Podemos Xabier Benito, la Comisión Europea informó de que había "lanzado una investigación con las autoridades españolas para comprobar el cumplimiento de las disposiciones pertinentes de la legislación de la UE, en particular de las directivas en materia de evaluación de impacto medioambiental y hábitats". La pregunta mencionaba que la DIA favorable de la Junta no mencionaba el posible daño a la salud de los habitantes del Campo Charro.

La última noticia con respecto al proyecto es de principios de mes.
Berkeley Minera anunció que comenzará los trabajos del proyecto "antes de final de año". "La compañía ha recibido más de 100 informes y permisos favorables para el proyecto, y ha sido analizado minuciosamente por diferentes órganos administrativos a todos los niveles", aseguran en la empresa. Inciden en los millones de euros que han invertido y que invertirán, los 140 empleos (entre los ya contratados y los que prevén contratar) y en el absoluto respeto tanto al medioambiente como a la salud de los salmantinos. Stop Uranio insiste: aún no tienen todos los permisos, por lo que no entienden el anuncio, y consideran que la "buena noticia" es una pata más de la estrategia para elevar el precio de las acciones y buscar compradores. Los últimos con los que se ha tenido contacto: el Sultanato de Omán, que ha anunciado una inversión de 120 millones de dólares en la mina de uranio. A pesar de los antecedentes y de las trabas impuestas por el camino, parece que Berkeley y la explotación en Retortillo van adelante, si no la venden antes: la mayoría de los permisos concedidos, inversión en prensa local y en el equipo de la ciudad, proyectos sociales y un optimismo que el tiempo determinará si es fingido o realista. Stop Uranio y los activistas que se oponen al proyecto, desde luego, no darán la batalla por perdida: como en otros tantos casos similares, ven amenazado su modo de vida.


Publicada 23/10/2017 a las 06:00
 infolibre.es


21 de octubre de 2017

EL DEFENSOR DEL PUEBLO ABRE NUEVO EXPEDIENTE POR LA MINA DE URANIO DE BERKELEY EN RETORTILLO.

El defensor del pueblo abre expediente por la mina de uranio de retortillo (salamanca)
 
 
 
El Defensor del pueblo ha comunicado al portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, la apertura de un expediente por la mina de uranio en Retortillo (Salamanca), tras la queja formulada por la formación en colaboración con las acciones coordinadas con la Plataforma Stop Uranio.
 
El Defensor del Pueblo informó este sábado que está ahora estudiando el expediente, previo a adoptar las medidas que estime oportunas.
 
Por su parte, Compromís igualmente ha presentado una moción en el Senado exigiendo la anulación del proyecto, y decenas de iniciativas parlamentarias como preguntas escritas al Gobierno o peticiones de documentación diversa.
 
El escrito que ha ocasionado este expediente señala que el procurador del Común de Castilla y León dictó el 23 de agosto de 2017 una Resolución en la que le dice a la Junta de Castilla y León que la Declaración de Impacto Ambiental aprobada sobre el Proyecto de Explotación en la Concesión de Explotación de recursos minerales de uranio no es válida para la autorización de uso excepcional en suelo rústico y Licencia Urbanística de esa instalación radiactiva.
 
En dicha Resolución se señala que esa Institución "no puede enjuiciar aquellas decisiones adoptadas en su ámbito de competencia por parte de los órganos de la Administración del Estado".
 
En consecuencia, "no es posible efectuar ninguna valoración sobre la legalidad de la resolución de la Confederación Hidrográfica del Duero, por la que se autorizó el vertido de aguas residuales a los cauces del río Yeltes y del arroyo Caganchas, ni sobre la resolución por la que se desestimó el recurso de reposición interpuesto por parte del ayuntamiento de Villavieja de Yeltes".
 
A pesar de esa posible contaminación del río Yeltes y su cuenca, en la Declaración de Impacto Ambiental no se hace ninguna referencia a si estos vertidos pueden tener incidencia en la salud de los pobladores de las márgenes del río, contraviniendo la normativa europea y española vigente.
 
De este modo, la Declaración de Impacto Ambiental "no disipa las dudas científicas razonables sobre los efectos del proyecto en especies como la sarda salmantina o el Sapillo pintojo ibérico, y presenta lagunas y conclusiones imprecisas".
 
"Tal y como demuestra este informe, los riesgos para el lugar y para ciertas especies de interés comunitario de peces, anfibios y reptiles es evidente y muy alto, y se ponen de manifiesto contradicciones y errores realizados en la evaluación de impactos y declaración de impacto ambiental".
 
En base a esto, se solicitó que el Defensor del Pueblo evalúe si en las Resoluciones aprobadas por la Confederación Hidrográfica del Duero, relativas a la concesión de aprovechamiento de aguas y autorización de vertidos de la explotación minera prevista en los términos municipales de Retortillo y Villavieja de Yeltes, se ha cumplido con la normativa vigente.
 
 
 
 
El escrito que ha ocasionado este expediente:
 
El Procurador del Común de Castilla y León ha dictado con fecha 23 de agosto de 2017 una Resolución en la que le dice a la Junta de Castilla y León que la Declaración de Impacto Ambiental aprobada por Orden FYM/796/2013, de 25 de septiembre, sobre el Proyecto de Explotación en la Concesión de Explotación para recursos de la Sección D), minerales de uranio, denominada Retortillo-Santidad nº 6.605-10, en los términos municipales de Retortillo y Villvavieja de Yeltes, provincia de Salamanca, promovido por Berkeley Minera de España S.A., no es válida para la Autorización de uso excepcional en suelo rústico y Licencia Urbanística de esa instalación radiactiva.
 
En dicha Resolución se señala que esa Institución “no puede enjuiciar aquellas decisiones adoptadas en su ámbito de competencia por parte de los órganos de la Administración del Estado. En consecuencia, no es posible efectuar ninguna valoración sobre la legalidad de la Resolución de 9 de mayo de 2016 de la Confederación Hidrográfica del Duero, por la que se autorizó el vertido de aguas residuales a los cauces del río Yeltes y del arroyo Caganchas, ni sobre la Resolución de 3 de mayo de 2017, por la que se desestimó el recurso de reposición interpuesto por parte del Ayuntamiento de Villavieja de Yeltes”.
 
En la Resolución de 9 de mayo de 2016, a la que hace referencia el Procurador del Común de Castilla y León, se recogen los aspectos del condicionado ambiental que figuran en la Declaración de Impacto Ambiental aprobada por la Junta de Castilla y León en relación a la protección de las aguas.
 
En diciembre de 2009, el Consejo de Seguridad Nuclear y el Instituto de Salud Carlos III presentaron un “Estudio epidemiológico del posible efecto de las radiaciones ionizantes derivadas del funcionamiento de las instalaciones nucleares y radiactivas del ciclo de combustible nuclear españolas sobre la salud de la población que reside en su proximidad”. En este documento se alerta de la contaminación química que se produce como consecuencia del funcionamiento de una planta de concentrados de uranio. No debemos olvidar que están autorizados los siguientes vertidos al río Yeltes por la Confederación Hidrográfica del Duero: Arsénico, 15 Kg/año. Níquel, 120 Kg/año. Cadmio, 3 Kg/año. Cobre, 72 Kg/año. Zinc, 300 Kg/año. Cromo total, 50 Kg/año. Plomo, 30 Kg/año. Hierro, 300 Kg/año. Manganeso, 200 Kg/año.
 
A pesar de esa posible contaminación del río Yeltes y su cuenca, en la Declaración de Impacto Ambiental no se hace ninguna referencia a si estos vertidos pueden tener incidencia en la salud de los pobladores de las márgenes del río, contraviniendo la normativa europea, 2011/92/UE, y española vigente en el momento de aprobación de la DIA, Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero.
 
Por otro lado, en noviembre de 2016 las científicas Graciela Gómez y Rocío Baquero de la Universidad de Castilla La Mancha, señalan en un estudio denominado “Asesoría Científico-Técnica para la valoración de los posibles efectos del funcionamiento de la explotación minera de uranio a cielo abierto Retortillo-Santidad (Salamanca) en la supervivencia a largo plazo de vertebrados acuáticos de interés comunitario en la cuenca del rio Yeltes”:
 
“La Declaración de Impacto Ambiental no disipa las dudas científicas razonables sobre los efectos del proyecto en especies como la Sarda salmantina o el Sapillo pintojo ibérico, y presenta lagunas y conclusiones imprecisas. Tal y como demuestra este informe, los riesgos para el lugar y para ciertas especies de interés comunitario de peces, anfibios y reptiles es evidente y muy alto, y se ponen de manifiesto contradicciones y errores realizados en la evaluación de impactos y declaración de impacto ambiental”.
 
En base a los antecedentes expuestos solicito que el Defensor del Pueblo evalúe si en las Resoluciones aprobadas por la Confederación Hidrográfica del Duero, relativas a la concesión de aprovechamiento de aguas y autorización de vertidos de la explotación minera prevista en los términos municipales de Retortillo y Villavieja de Yeltes, se ha cumplido con la normativa vigente en relación a este tipo de proyectos, o por el contrario, en consonancia con la manifestado por el Procurador del Común de Castilla y León, procede una nueva Evaluación de impacto sobre la mina proyectada.
 
 
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RECHAZO, RECURSOS Y CONTENCIOSOS PARA EVITAR LOS DESPROPÓSITOS DEL PROYECTO DE LA MINA DE URANIO.

El alcalde de Villavieja de Yeltes visita el Ministerio de Energía y comunica a sus técnicos el rechazo más profundo al proyecto de mina de uranio de Berkeley en Salamanca.
 
Jorge Rodríguez (alcalde de Villavieja de Yeltes) ayer en su visita al Ministerio de Energía.
 
Ayer, viernes 20 de octubre, el alcalde de Villavieja de Yeltes, Jorge Rodríguez, acudió al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital para reunirse con los técnicos que deberán informar sobre la Autorización Previa de la instalación radiactiva de primera categoría que la empresa Berkeley pretende desarrollar en la Zona 7, a tan solo 100 metros del casco urbano del municipio y de su colegio público.
 
Manifestaciones de Jorge tras la reunión celebrada en el Ministerio:
 
 
En dicha reunión "hemos dejado meridianamente claro nuestro más profundo rechazo a semejante atropello". "Resulta que las Normas Urbanísticas Subsidiarias vigentes en la provincia de Salamanca prohíben la instalación de una granja de pollos, vacas o cabras a menos de 400 metros de un casco urbano, pero se está considerando la posibilidad de autorizar una mina de uranio a 100 metros de Villavieja.
 
Aunque el estudio de sus posibles consecuencias generales corresponde a la Declaración de Impacto Ambiental, responsabilidad de la Junta de Castilla y León, y la seguridad en materia de impacto radiológico al Consejo de Seguridad Nuclear, el alcalde no desaprovechó la ocasión para reiterar al propio Ministerio que "promoveremos cuantos recursos en vía administrativa o en contencioso sean necesarios para evitar esta verdadera salvajada"
 
El alcalde reitera que "Por mucho que se empeñen la propia empresa y algunos medios de comunicación en afirmar y reafirmar una y otra vez que ya disponen de 90 informes favorables, el Proyecto Salamanca tiene desde su misma concepción y nacimiento más que notables carencias que finalmente lo harán totalmente inviable: la información que sobre el proyecto y la empresa BERKELEY puso de manifiesto ENUSA en 2012, que llevaron a la nacional Enusa a rechazar el consorcio para crear NEWCO, lejos de haber resuelto el conflicto, no hizo más que dar paso a un nuevo acuerdo de muy dudosa legalidad. "También estamos estudiando la validez jurídica del procedimiento con el que se llegó al vigente acuerdo entre ENUSA y BERKELEY. La pública acabó por ceder todos los derechos sobre dos Reservas nacionales"
 
Tratamos en la reunión la posible Autorización de Construcción de las instalaciones de Retortillo que, a día de hoy, permanecen en suspensión, aprobada en Consejo de Ministros, a la espera del informe vinculante del Consejo de Seguridad Nuclear, sobre seguridad radiológica. En este sentido, Rodríguez comunicó a los técnicos del ministerio la más que evidente fragmentación del proyecto, adulterando la naturaleza del procedimiento administrativo adecuado, y tratando de encubrir la verdadera naturaleza de la actividad  industrial que se pretende autorizar.
 
"Presentaremos recurso de alzada contra la Resolución de Autorización de Uso, que aprobó la CTMAU, tras varios años de informes y deliberaciones"
 
El hecho mismo de que la empresa ya esté manifestando su intención de procesar en la planta de Retortillo los materiales extraídos en la Zona 7 de Villavieja evidencia la naturaleza industrial de la actividad de la planta.
 
A nuestro entender, "Lo mismo ocurre con la Declaración de Impacto Ambiental aprobada para el proyecto Retortillo- Santidad. Amén de que el reciente informe del Procurador del Común determine rotundamente la necesidad de realizar una nueva Declaración, la fragmentación del Proyecto Salamanca en distintos proyectos carentes de una verdadera sustantividad propia, como la zona 7, adulteran el estudio profundo de las sinergias entre los mismos, invalidando la citada declaración"
 
"Confiamos realmente en el estado de derecho y en la verdadera independencia de su poder judicial que finalmente acabará por poner coto y freno definitivo a este cúmulo de despropósitos"
 
El más que confirmado escándalo internacional URAMÍN-AREVA parece haber encontrado en BERKELEY-ENUSA una especie de remake hispano.
 
Parece que algunas cuestiones planteadas por el alcalde, en este sentido, suscitaron ciertas suspicacias... Mencionamos dos.
 
1. Si verdaderamente existen en la zona tales riquezas en recursos de uranio y nuestra empresa pública ENUSA dispone ya de un planta de concentrados en Saelices, de una más que dilatada experiencia y acreditada solvencia técnica,    ¿ cómo es posible que tenga que venir una multinacional extranjera sin apenas experiencia a construir una nueva planta, a contaminar otra cuenca, a llevarse todos esos beneficios y a generar esos puestos de trabajo?
 
2.  Si tales recursos no existen realmente y su explotación no es rentable, ¿ qué hace la Junta de Castilla y León removiendo cuantos obstáculos sean necesarios para promover este fiasco anunciado?

20 de octubre de 2017

EL ALCALDE DE VILLAVIEJA DE YELTES DENUNCIA LA MINA DE URANIO DE BERKELEY.

MINA URANIO

El alcalde de Villavieja de Yeltes (Salamanca) denuncia la cercanía de la mina de uranio

El alcalde de Villavieja de Yeltes (Salamanca) en entrevista con EFE. EFE/Angel Díaz
 
El alcalde del Ayuntamiento salmantino de Villavieja de Yeltes, Jorge Rodríguez, ha denunciado hoy que la excavación para la construcción de una mina de uranio del proyecto de la empresa australiana Berkeley en Castilla y León, está a cien metros de distancia del patio del centro escolar de la localidad.
 
Rodríguez ha explicado en entrevista con la Agencia EFE que Berkeley ha solicitado la autorización para la concesión de permiso de explotación de las Reservas (de uranio) Estatales de la zona 7 donde se encuentra el municipio.

Supervivencia de los pueblos 


Berkeley, ha asegurado el alcalde, “no es una empresa minera, hasta el momento no ha obtenido uranio en ninguna de las explotaciones que tienen”, y ha añadido que según la información que maneja, el proyecto tiene “irregularidades desde el inicio del proceso”.
 
Achaca a la Junta de Castilla y León su empeño de optar por la “actividad extractiva de minerales” en vez de buscar otras opciones para la supervivencia de los pueblos de la región y su población.
 
El proyecto de explotación de uranio de la empresa Berkeley “afectaría a 35 pueblos” de la provincia de Salamanca.
 
Todos los regidores de esas localidades, menos el de Retortillo -donde estarían ubicadas excavaciones, una balsa de agua e instalaciones para el lavado del uranio- se han manifestado en contra en mayo pasado a través de la firma de un documento en el que solicitaron la declaración desfavorable de utilidad del proyecto.

Transporte del uranio

Rodríguez ha explicado que Berkeley prevé transportar el uranio desde Villavieja de Yeltes a Retortillo para su lavado y devolverlo nuevamente a su pueblo donde probable se ubique un almacén de residuos radiactivos.
 
Foto cedida por el alcalde de Villavieja de Yeltes, Jorge Rodríguez, sobre el proyecto de la mina de uranio en su localidad. EFE
 

Este traslado se haría por medio de una cinta transportadora en un tramo de diez kilómetros aproximadamente, actividad que “causaría contaminación radiactiva del aire, del agua del río y de zonas declaradas de especial interés de la Red Natura 2000” durante años, según el regidor.
 
La excavación estaría ubicada a escasos cien metros del centro escolar de Villavieja de Yeltes, ha manifestado Rodríguez, quien ha facilitado un plano (foto) dibujado con las coordenadas facilitadas por la empresa para la ubicación de la explotación en esa localidad.

 

Informe de Enusa 

Rodríguez ha expuesto que la Empresa Nacional de Uranio (Enusa) en un informe emitido en abril de 2012 tras la presentación por parte de Berkeley de cuatro estudios de viabilidad (julio de 2010, noviembre de 2010, febrero de 2011 y noviembre de 2011), declaró desfavorable la puesta en marcha de la apertura de la mina.
 
Según la documentación facilitada por el regidor, el informe de Enusa, publicado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dice que con fecha 30 de marzo de 2012, la Empresa Nacional comunicó a Berkeley Minera España, S.A. que “no se dan los requisitos necesarios para acometer la explotación del Dominio Minero del Estado en la provincia de Salamanca, por lo que no procede, en consecuencia, la constitución de la nueva sociedad, debido a que ésta venía condicionada a la previa acreditación de la viabilidad de la explotación en el plazo acordado”.
 
La sociedad a la que hace referencia el documento es al Consorcio “Newco” que habían firmado Enusa y Berkeley en 2009, aprobado por el Consejo de Ministros de abril de ese mismo año.
 
Según otro documento aportado y fechado en mayo de 2012 de Enusa, la Empresa de uranio dice que tras el análisis con el asesoramiento de tres importantes firmas internacionales del Estudio de Viabilidad presentado por Berkeley, “no justifica su financiación, lo que impide su viabilidad económica”.
 
Además, Enusa enumera, entre otros aspectos, que el proyecto “no contempla de forma clara y precisa la tramitación para el licenciamiento; el diseño minero presenta un alto grado de incertidumbre, con estudios no completados y el Estudio Mineralúrgico no está soportado suficientemente, faltando ensayos en planta piloto”.
 
Sobre el estudio medioambiental, Enusa aseguraba que el proyecto “no tiene el nivel requerido para un estudio final de viabilidad, al igual que la Gestión de Estériles. La clasificación prevista no ofrece garantías de cara a la restauración proyectada”.

Demanda de Berkeley

Tras el informe negativo, Berkeley presentó una demanda por 200 millones de dólares contra Enusa, por lo que la empresa española concedió en Adenda firmada y notarizada en Madrid el 23 de julio de 2012, la explotación de las Reservas Estatales 28 y 29.
 
En la Adenda, Berkeley “renunció a sus derechos de minería en la Reservas 2, 25, 30, 31, Hoja 528-1 y Saelices”, sin embargo, la participación de la empresa australiana en el Consorcio aumentó al 100 %.
 
Pero se daba así por finalizado el Acuerdo de Cooperación con Enusa, firmado en 2009, y en una etapa en la que el precio del uranio subió a su máxima cotización entre 2007 y 2008 alcanzando aproximadamente los 136,22 por libra.
 
Según Rodríguez y la documentación aportada, la empresa Berkeley es asesorada por las mismas empresas que llevaron al escándalo de la empresa Uranim y la francesa Areva.
 
 

19 de octubre de 2017

LA EXPROPIACIÓN FORZOSA DE BERKELEY EN RETORTILLO.

Boletín Oficial de Castilla y León
Jueves, 19 de octubre de 2017
I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
D. ANUNCIOS
D.3. Otros Anuncios Oficiales
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

INFORMACIÓN pública relativa al expediente de expropiación forzosa solicitado por la empresa Berkeley Minera España, S.L., titular de la concesión de explotación «Retortillo-Santidad» n.º 6.605-10, ubicada esta en los términos municipales de Retortillo y Villavieja de Yeltes de la provincia de Salamanca.

La entidad mercantil Berkeley Minera España, S.L., con domicilio a efectos de notificaciones en Retortillo, Carretera SA-322, Km. 30, titular de la Concesión de Explotación «Retortillo-Santidad» N.º 6.605-10, concesión que al amparo de lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley de Minas y su concordante 131 del Reglamento General para el Régimen de la Minería, lleva implícita la declaración de utilidad pública, ha solicitado la expropiación forzosa por el procedimiento de urgencia, previsto en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de las fincas cuyos datos descriptivos, según Catastro, todas ellas en el término municipal de Retortillo y que abajo se citan.

De conformidad con el artículo 18 de la Ley de Expropiación Forzosa, se abre un período de información pública de quince días, publicando este anuncio en el B.O.C.y.L., en el B.O.P. de Salamanca, en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Retortillo (Salamanca) y en uno de los periódicos de mayor difusión de la provincia de Salamanca, en este caso en la Gaceta de Salamanca, para que cualquier persona pueda aportar por escrito datos oportunos para rectificar posibles errores de la relación publicada y oponerse, por razones de fondo y forma, a la necesidad de ocupación, según dispone el artículo 19 de la Ley de Expropiación Forzosa.

A estos efectos el expediente se exhibirá, para su examen en la Dirección General de Energía y Minas ubicada en la Avda. Reyes Leoneses n.º 11 de León y en el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Salamanca, en C/ Príncipe de Vergara 53-71 de Salamanca.

CV: BOCYL-D-19102017-47
Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 201
http://bocyl.jcyl.es
D.L.: BU 10-1979 - ISSN 1989-8959
Pág. 43624
Jueves, 19 de octubre de 2017

 
Polígono              Parcela         Ref. Catastral          Titular Catastral          Superf. total m2.  Expropiar
 
                                                                                                               Manuel Serrano García
                                                                                                               María Ángeles Serrano García
                                                                                                               Rafael Serrano García
                                                                                                               Ignacio Serrano García
2
1
37269A002000010000ZH
M.ª Asunción Serrano García
                2.091.116
   414.208
                                                                                                               Máximina Serrano García
                                                                                                               Mercedes Serrano García
                                                                                                               Jaime Serrano Stampa
                                                                                                               M.ª Loreto Serrato Stampa
 
503
95
37269B503000950000FD
Herederos de Olegario Matías Hernández
 
60.087
60.087
503
96
37269B503000960000FX
Anselmo Hernández García
 
76.196
76.196
                                                                                                               Maricruz Sánchez
503
98
37269B503000980000FJ
Isabel Sánchez Sánchez
146.068
146.068
                                                                                                               Julián Sánchez Sánchez
 
503
105
37269B503001050000FW
Edelmira Rodríguez Regalado y Hermanos
 
3.017
3.017
503
5012
37269B5030501200000FD
Herederos de Olegario Matías Hernández
 
 
8.094
8.094
503
5018
37269B5030501800000FZ
Herederos de Andrés Matías Sánchez
 
239.793
239.793
503
5022
37269B503050220000FU
José Gabriel Matías Hernández
 
16.547
16.547
503
5044
37269B503050440000FD
Herederos de Andrés Matías Sánchez
 
45.587
45.587
503
5048
37269B503050480000FE
Herederos de Olegario Matías Hernández
 
53.813
53.813
503
5063
37269B503050630000FG
Herederos de Andrés Matías Sánchez
 
134.389
53.930
503
5065
37269B503050650000FP
Luis Carlos Cuervo de Paz Osorio
 
132.663
50.141
504
5029
37269B50405029FH
Juan José Matías Matías
 
3.685
2.805
504
5031
37269B50405031FU
Herederos de Andrés Matías Sánchez
19.314
1.347